El presente documento es una invitación para la discusión sobre las problemáticas que atañen a la educación superior como son el acceso a las universidades, el financiamiento (donde se incluye el análisis sobre la propuesta del rector Pérez sobre el Nuevo Trato) y la democratización.
La importancia del presente documento radica en la posibilidad de generar posturas sobre un nuevo sistema nacional de educación superior en el que, en base a la capacidad crítica que logremos generar dentro de nuestro espacio, podamos generar una real injerencia y un discurso político claro que no sólo consista en criticar el modelo actualmente impuesto, sino que tenga posturas claras y consensuadas sobre cómo entendemos un nuevo sistema nacional de educación superior.
Debemos ser capaces de adelantarnos a las luchas estudiantiles y no ser, como lo hemos sido estos últimos años, una comunidad universitaria reactiva a las coyunturas que se nos presentan incapaces de articular síntesis compartidas y discutidas por todos nosotros.
El documento está divido en tres temas centrales, que se consideran importantes empezar a debatir. A su vez, se proponen preguntas para guiar en cierta medida la discusión dentro de los espacios. El eje central de ésta debe ser entonces el identificar las falencias del sistema actual y a su vez, consensuar ciertas características que creemos debiesen guiar un nuevo sistema.
FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO
El concepto dice relación con toda materia presupuestaria que permite a la universidad la realización de su proyecto de desarrollo institucional (PDI).
Se hace pertinente algunos datos de otros sistemas educacionales, con el fin de poder obtener mayores elementos para el diagnóstico y el debate que se debe plantear con respecto al financiamiento universitario, que se enmarca en la ya conocida propuesta del Nuevo Trato con el Estado que ha levantado Nuestro Rector Víctor Pérez.
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
En COLOMBIA existen dos tipos de Universidades: las nacionales, las cuales son financiadas en un 80% por el gobierno y las territoriales, las cuales se financian en un 60% con aportes fiscales definidos en instancias nacionales y dependen de autoridades territoriales. Las universidades privadas no poseen presupuesto fiscal y no cuentan con ningún tipo de fiscalización.
El modelo colombiano no atiende a criterios de eficiencia y calidad, es decir da lo mismo que tipo de educación se entrega en las universidades financiadas con fondos públicos. Por otro lado no existe alguna dirección central que defina y vele por el cumplimiento de las asignaciones a las instituciones. Finalmente un dato no menor, es que, los mayores costos en educación no se han traducido en mejoramientos de la calidad y de la productividad académica.
En COSTA RICA el Modelo universitario obtiene recursos por la prestación de bienes y servicios, es decir, las universidades públicas se autofinancian creando empresas auxiliares. Los recursos obtenidos en este autofinanciamiento, van a parar a un fondo central, el cuál los redistribuye según las necesidades de las casas de estudio.
En BRASIL las universidades públicas obtienen recursos del Tesoro nacional; el porcentaje del PIB destinado a educación superior es cercano al 3.8%. El presupuesto en educación es parte del presupuesto nacional y se aprueba en el congreso. El Gobierno Federal aporta no menos del 18%, los distritos federales y los municipios aportan no menos del 25% de impuestos según leyes establecidas. Por otro lado las universidades gestionan recursos propios a través de convenios con organismos públicos y privados. En definitiva las Universidades de Brasil obtienen recursos según sus necesidades, según su desempeño y según criterios históricos.
En VENEZUELA la constitución precisa que la educación es un derecho de todos los venezolanos con gratuidad a todos los niveles y solo a título excepcional las universidades podrán ofrecer una prestación no gratuita a quienes estén provistos de recursos y puedan pagar.
CHILE
En nuestro país tenemos Universidades endeudadas por la llamada deuda histórica, que afecta a las universidades del Consejo de Rectores, donde una de las más afectada es la Universidad de Chile junto con Universidad de los Lagos o Universidad Católica de Valparaíso entre otros. Al llegar el golpe militar las universidades nacionales son desmanteladas con el fin de fragmentar el sistema de educación pública y atomizar al movimiento estudiantil. Las universidades nacionales perdieron su patrimonio en regiones y las deudas de las sedes regionales fueron traspasadas a las casas centrales. A su vez las nuevas universidades regionales partieron con el presupuesto base que en ese momento tenían las sedes regionales. Estas deudas cercanas a los 2.000 millones de pesos anuales en la Universidad de Chile, acompañada con la disminución de los aportes estatales, han llevado a buscar lógicas de autofinanciamiento, como el alza de aranceles o la venta de patrimonio.
Por otra parte el sistema de educación superior en chile es financiado en gran medida por dineros privados, el gasto total en educación superior para el 2006 como parte del PIB llega a un 2.7%. La paradoja que se presenta acá es que de ese 2.7% del PIB que se gasta en educación cerca de 85% proviene de recursos privados siendo los bolsillos familiares los que más aportan.
Una demanda histórica que se presenta como parte íntegra del movimiento estudiantil es el aumento del AFD (aporte fiscal directo), dineros que entrega el Estado a las instituciones según los criterios de la llamada asignación histórica, sin obedecer estos a un adecuado análisis de la realidad y de las necesidades de las instituciones públicas de educación superior. Se debe exigir que la asignación se haga de acuerdo a los gastos que impliquen la implementación del proyecto de desarrollo institucional de cada universidad que piense Chile.
Existen propuestas para llevar a cabo el aumento del PIB y del AFD, como son las reformas tributarias a los impuestos regresivos (impuestos al consumo, ej: IVA o impuesto al petróleo), los impuestos a los recursos naturales y el impuesto de primera categoría a las grandes empresas.
El AFI (aporte fiscal indirecto) es otro método de financiamiento de las instituciones de educación superior, este aporte se da a las instituciones en proporción a la captación de los mejores puntajes en la PSU, el supuesto es dar un incentivo a las instituciones con los estudiantes de mayores rendimientos. Los montos del AFI son menores que los del AFD pero no deja de ser una suma significativa. Este aporte genera profundas desigualdades y orienta según criterios de mercado las directrices académicas de las instituciones de educación superior.
El AFI acrecienta la brecha entre universidades regionales y universidades metropolitanas, ya que son estas últimas, debido a sus mayores recursos, las que agrupan a los mejores puntajes. Por otro lado el AFI provoca que la planificación académica se oriente a potenciar las carreras donde van a parar los mayores puntajes, dejando otras áreas del conocimiento a la deriva. Finalmente, el AFI provoca que una suma de dineros se fuguen hacia instituciones privadas, provocando así una subvención al lucro y que muchas universidades carentes de recursos sigan sin ellos.
En resumen, existen recursos públicos financiando instituciones sin ningún tipo de compromiso social. Esto incluye el subsidio al lucro, lo que impide que los recursos generados sean utilizados en el desarrollo y mejoramiento de la propia educación. Existen instituciones de Educación Superior que producen beneficios sociales y no están recibiendo fondos públicos para su desarrollo. Es necesario reconocer que las instituciones que cumplen un rol público no son exclusivamente de propiedad estatal. Se hace necesario y urgente poder clasificar y categorizar las instituciones de Educación Superior para otorgarles un financiamiento adecuado a su función.
NUEVO TRATO CON EL ESTADO
En este contexto ha surgido la propuesta del Rector Pérez, la cual ha denominado “El Nuevo Trato Con El Estado”, en el cual, en resumen, las universidades adquieren una serie de compromisos, como entregar educación de calidad con equidad, apoyar al Estado, proveer opciones de educación superior de calidad para todos, constituirse en un modelo de institución pública (modernización del estado: alta eficiencia y transparencia), finalmente crear y mantener espacios y bienes públicos.
Por otra parte la sociedad se compromete a: Crear un aporte basal permanente equivalente al menos al 50% del presupuesto anual y de entrega progresiva de cada universidad estatal, crear un fondo especial para el desarrollo y modernización permanente de la educación superior estatal, crear un consejo nacional de educación pública (integrado por Rectores de las universidades estatales, Parlamentarios y representantes del Ejecutivo, presidido por el (la) Ministro(a) de Educación). Este último se encargara de distribuir el fondo especial y de normar sobre el desarrollo de educación superior publica y evaluar sus resultados.
DEMOCRATIZACIÓN
A lo que nos referimos cuando planteamos entre nuestras demandas la democratización de nuestras universidades, es a la apertura de las instancias de decisión a toda la comunidad universitaria, es decir, académicos, estudiantes y personal de colaboración. El objetivo de la democratización es empezar a construir una universidad en conjunto, con todos los actores que la constituyen, de forma tal que ésta sea un proyecto comunitario que recoja la visión de amplios sectores de la sociedad.
Las demandas por mayor democratización se remontan a la década de los ’60, años en que tuvo lugar la reforma universitaria. En esa época se replanteó de manera triestamental la universidad y su rol, para finalizar convergiendo en una serie de objetivos comunes, entre los que se encontraba una democratización en el gobierno universitario. Por supuesto que eso se perdió con la dictadura y no se avanzó con la entrada de los gobiernos civiles, sino recién hasta el 1997. En dicho año se logró –tras largas movilizaciones nacionales- realizar el primer claustro triestamental desde el golpe, que desembocaría, años más tarde, en la elaboración de nuevos estatutos, los cuales entre otras cosas creaban la figura del Senado Universitario, instancia normativa de carácter triestamental.
Es necesario entender bien dónde hay que ir a disputar nuestras posturas y cuáles son las instancias que se nos podrían abrir con una eventual democratización. La estructura universitaria cuenta con tres órganos superiores de toma de decisiones, los cuales son:
1. Consejo universitario: es el órgano colegiado de carácter ejecutivo de la Universidad de Chile. Entre sus atribuciones se encuentra la aprobación de políticas de implementación ejecutivas y del presupuesto. Está conformado por el Rector, quien lo preside, los decanos de todas las facultades, dos representantes del presidente de la república y un delegado de cada estamento con derecho a voz.
2. Senado universitario: es el órgano encargado de la función normativa de la Universidad. Entre sus tareas están la aprobación de reglamentos, planes de desarrollo, cambios a los estatutos y cambios a la estructura universitaria. Está presidido por el Rector y conformado por 27 académicos, 7 estudiantes y 2 miembros del personal de colaboración.
3. Rector: es a máxima figura de la Universidad. Le corresponde adoptar todas las medidas conducentes a dirigir y administrar las actividades académicas, administrativas y financieras de la Universidad al más alto nivel. Entre sus atribuciones está la de dictar los reglamentos, decretos y resoluciones de la Universidad, fijar los aranceles y derechos de matrículas con acuerdo del Consejo Universitario y nombrar al personal académico y administrativo de la Universidad conforme a la planta que apruebe previamente
En otro nivel están las Facultades, las cuales tienen por función elaborar y coordinar políticas específicas de desarrollo para las unidades académicas que la integran y organizar, dirigir y fomentar el quehacer multi e interdisciplinario y profesional, estableciendo las relaciones y actividades que convengan a estos fines. Su máximo órgano de decisión es el Consejo de Facultad al cual le corresponde, entre otras cosas, definir las políticas de desarrollo académico e institucional en el contexto de los lineamientos y estrategias emanados del Senado Universitario. Este consejo está conformado por el Decano, directores de departamentos, escuelas, centros e institutos, académicos de libre elección (2 años). Además poseen representación, con derecho a voz, las instancias más representativas de los funcionarios, académicos y estudiantes.
Para tener demandas concretas en torno a este tema, es necesario plantearnos bien qué objetivos queremos lograr al respecto. Conociendo la estructura universitaria podemos ver con mayor claridad cuáles son los espacios que se nos pueden abrir. Por ejemplo, el Consejo Universitario, donde sólo hay presencia de un delegado por estamento con derecho a voz exclusivamente. Lo mismo pasa en las unidades locales; en nuestras Facultades. Tenemos que empezar a pensar qué espacios son los más estratégicos, en los que podemos realmente influir en la construcción de una universidad pública y de calidad.
A su vez, tenemos que hacer una revisión histórica de lo que han sido los avances en esta materia. La movilización del ’97, si bien logró un cambio de estatutos, no obtuvo cambios profundos en el modelo universitario. En especial porque el estatuto fue redactado por el gobierno entre el 2004 y el 2005, y no reflejó el proceso reformista de las movilizaciones del ’97. Esto lo vemos en que la única instancia triestamental, es el Senado Universitario, donde la participación estudiantil y de personal de colaboración es escasa. Hay que saber reconocer cuando se logran avances, pero no hay que perder el horizonte de lo que queremos como estudiantes, pues sólo de esta forma es posible dotar de contenido los pequeños logros que como estudiantes hemos obtenido.
ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR
En el marco de la creación de una propuesta estudiantil de un sistema nacional de educación superior, es fundamental cuestionar la forma de acceso actual, la cual ha sido fuertemente criticada y cuestionada por la desigualdad social que reproduce. Así es necesario hacer una revisión de la PSU, sistema vigente en Chile; además de algunos sistemas de otros países.
CHILE: LA PSU
El sistema chileno se caracteriza por tener prácticamente una sola vía de acceso a la educación superior: la prueba de selección universitaria, la cual pretende medir el conocimiento adquirido en la enseñanza media. Hasta el año 2003, la PAA era la que cumplía la función de seleccionar a quienes entrarían a la educación superior, prueba que pretendía medir conocimientos específicos, según las preferencias que tuvieran para postular a cierta carrera. Ante la inequidad de los resultados que emitía esta prueba entre colegios particulares y municipales, es que surgió la idea de remplazarla y así eliminar la brecha social en la educación. Sin embargo, la nueva herramienta (PSU), mantuvo y exacerbó las diferencias entre dichos establecimientos; aún siguen siendo los antecedentes socioeconómicos y la situación educacional de los padres los que explican en un alto porcentaje los puntajes . Finalmente, si la diferencia entre las competencias de los alumnos era importante entre los distintos colegios (lo que pretendía medir la PAA), la diferencia entre el dominio de los curriculums completos por parte de estos es aún mayor (lo que pretende medir la PSU).
Complementario a la PSU, existen cupos supernumerarios otorgados por las universidades del consejo de rectores. El ministerio de educación otorga una beca de excelencia académica (BEA) al 5% de los alumnos de cuarto medio de la promoción del año, con los mejores promedios de nota en colegios municipales o subvencionados, y que además, pertenezcan a los primeros 4 quintiles de ingreso. Las universidades del CRUCH, ofrecen cupos a aquellos postulantes que obtienen BEA y que se ubican en las listas de espera de la carrera. Estos son entonces cupos adicionales, que se llenan en orden del puntaje ponderado de quienes pueden acceder a ellos. La Universidad de Chile cuenta con 526 becados para el año académico 2009 y el la facultad de Cs. Sociales, 25 son los beneficiados de 152 alumnos que ingresaron este año a la Facultad.
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
A nivel mundial, se podrían clasificar los sistemas de admisión existentes en dos grupos: las políticas de ingreso libre, que se vinculan a la idea de una mayor equidad, y por otra parte, las políticas selectivas, que se vinculan a la defensa de la calidad en la educación superior. A pesar de estas divergencias, hay cierto consenso a nivel mundial de que los mejores modelos son aquellos en que la educación media está más vinculada a la superior, y en que la medición para seleccionar no se basa solamente en el conocimiento, sino que sean más integrales.
Algunos ejemplos específicos: 1) ARGENTINA: En este sistema todo aquel que saliendo del colegio quiera ir a la universidad puede ingresar, no hay prueba ni método de selección; y esto, sumado a un sistema de educación superior gratuita. Si bien este sistema crea altas expectativas en los estudiantes, hay una alta deserción producto de la falta de preparación de los mismos (el 2004, de 300.000 alumnos en las universidades públicas, egresaron 65.000). 2.) MÉXICO: Aquí los estudiantes provenientes de educación privada deben rendir una prueba por cada universidad a la cual postulan, pues cada una tiene su propio test. Mientras que, como las universidades públicas controlan la educación media estatal (preparatoria), estas le aseguran cupos a sus alumnos, por tanto la selección se da al ingresar al colegio. 3) COREA DEL SUR: En este país se realiza una prueba nacional, CSAT, al igual como en Chile se realiza la PSU. Sin embargo esta incluye habilidades disciplinarias, dominio de inglés y de un tercer idioma. Junto con esto las universidades solicitan ensayos y entrevistas personales. 4) BRASIL: Igualmente que el sistema mexicano, cada universidad tiene su propio examen. Sin embargo hace poco se aprobó una ley, por la que las universidades públicas tendrán que admitir, en un 50% de sus vacantes a egresados de colegios públicos, priorizando a aquellos provenientes de minorías étnicas. 5) EEUU: Existe un mercado de pruebas a cargo de agencias independientes, unas de ellas se enfocan en conocimientos específicos, otras en habilidades (como el SAT y ACT). Así, las universidades le piden a los postulantes que rindan determinadas pruebas. 6) INGLATERRA: En el equivalente a segundo medio chileno, los ingleses deben tomar los “advanced levels”, un curso de dos años que da formación respecto al área al que el estudiante pretende seguir estudiando en educación superior, esto luego es evaluado en un examen de egreso que permite entrar a la universidad.
PREGUNTAS A DISCUTIR
FINANCIAMIENTO:
¿Quién debe hacerse cargo de financiar la educación y bajo qué forma?
¿Qué instituciones deben ser financiadas? ¿Debe el Estado entregar recursos a todas las instituciones, sin importar su PDI?
¿Se debe eliminar el AFI?
¿Debemos mantener una lógica de competencia entre Universidades como mecanismo de asignación de recursos?
¿Se necesitan reformas tributarias para que el Estado invierta más recursos en educación?
¿Qué posibilidades abre la propuesta de Pérez para una nueva relación Estado-Universidad?
DEMOCRATIZACIÓN:
¿Quiénes debieran participar de las decisiones de las facultades y por qué?
¿En qué espacios creemos necesaria la participación de la comunidad universitaria en su conjunto?
¿Qué queremos lograr con mayor participación?
ACCESO:
¿Qué criterios deben guiar la selección de alumnos?
¿Debe existir un criterio unificado a nivel nacional?, ¿debe incluir a las universidades privadas?
¿Se debe fomentar el acceso en las universidades regionales por sobre las metropolitanas?
¿Qué medidas habría que tomar, para que teniendo un acceso más equitativo, no haya una alta deserción?
Finalmente, en función de las respuestas, se debe elaborar una síntesis respecto a las falencias del actual sistema, y de las características que debieran guiar uno nuevo.
CENTRO DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS SOCIALES
UNIVERSIDAD DE CHILE
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